El alto tribunal estableció que la categoría se mantiene hasta la pérdida del título. Más de 3 meses después del fallo, hay familias que siguen sin recuperar sus derechos. NO ES EL CASO DE LA RIOJA.

Las familias numerosas que vieron mermados sus derechos al perder la categoría especial por una incorrecta aplicación de la ley en 2015, vieron la luz el pasado mes de marzo cuando el Supremo les dio la razón y estableció que la categoría de familia numerosa se debe mantener para siempre, hasta que se pierde el título de familia numerosa, con la emancipación del último hijo de la unidad familiar.

Con su sentencia, el alto tribunal puso fin a una batalla que afectaba a más de 60.000 familias de categoría especial. Sin embargo, tres meses después del fallo del Supremo, la situación no se ha resuelto para todas las familias, ya que las Comunidades Autónomas han acatado el dictamen del TS de diferente forma, generando agravios comparativos y discriminación entre unas familias y otras.

En concreto, hay dos Comunidades –Aragón y Canarias- en las que todavía no se ha aplicado la sentencia. En el resto de España sí se ha aplicado, pero de diferente forma, ya que han decidido hacerlo con carácter retroactivo, pero tomando como referencia diferentes fechas:

– En La Rioja y otras 9 CC.AA se ha seguido el criterio de interpretación que adoptó el Abogado del Estado del Ministerio de Sanidad, decidiendo aplicar la sentencia desde agosto de 2015, fecha de la entrada en vigor de la ley que generó todo el conflicto;

– en otras 5 CC.AA (Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, Galicia y la ciudad de Ceuta), la fecha de referencia es la de la sentencia, es decir marzo de 2019.

La FEFN considera “inadmisible que haya una sentencia del Supremo -máximo órgano judicial-,de obligado cumplimiento para las administraciones, y que en algunas Comunidades todavía no se aplique y que, además, en el resto no haya un criterio unánime”.

“Todo esto supone un perjuicio económico importante para las familias, al no poder acceder a las bonificaciones que les corresponderían, y especialmente en este momento, ya que estamos en época de matriculación en universidades, donde están en juego cantidades de dinero que en algunos casos pueden hacer peligrar la continuidad de los estudios. Las familias de categoría especial tienen una bonificación del 100% de la matrícula en universidades públicas y para las de general es del 50% y no todas las familias pueden hacer frente a ese gasto, sobre todo si tienen varios hijos estudiando”.

Las asociaciones de familias numerosas federadas en FEFN solicitan al Gobierno que se modifique la Ley de Familias Numerosas para introducir en ella un punto en que recoja el mantenimiento de la categoría especial con carácter retroactivo desde agosto de 2015, tal y como defiende el Abogado del Estado en su informe.

Esperamos que esta reforma no se demore mucho para poner fin a la discriminación y el perjuicio económico que se ocasiona a cientos de familias.

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